Esta propuesta ha recibido numerosas críticas que acusan a las instituciones europeas de ser excesivamente generosas en sus remuneraciones, sobre todo en un momento como el actual de crisis económica, aunque la portavoz de la Comisión para temas Administrativos, Valerie Rampi, defendió esta decisión, insistiendo en que el aumento “es objetivo y necesario” para los funcionarios comunitarios de Bruselas.

Según la Comisión, para establecer esa subida se ha basado en un “estudio estadístico comparativo”, en función de los sueldos de los funcionarios nacionales de los 27 Estados miembros. “También hemos tenido en cuenta el alto coste de la vida en una gran ciudad como Bruselas”, señaló Rampi.

Los salarios de los funcionarios comunitarios oscilan entre los 3.000 euros mensuales de un secretario y los 25.000 del presidente, pasando por los 14.000 de un director general, libres de impuestos.

Los funcionarios comunitarios cobran el sueldo en neto, en su integridad, no está sujeto a gravamen fiscal y existen otras ventajas, de forma que si se considera a un funcionario que está “expatriado”, es decir, que se encuentra fuera de su lugar de origen, esta situación supone cobrar al mes entre 600 y 1.000 euros netos más en su nómina base.